viernes, 27 de abril de 2012

Ahora el crecimiento, lecciones del capital monopolista de los sesenta

John Bellamy Foster
Extraído de: Paul Sweezy y el capital monopolista, en Entender el capitalismo. Douglas Down ed. Edicions bellatera, 2003.


El dilema básico de la acumulación bajo el capitalismo monopolista era que los obreros, que eran la inmensa mayoría de la población en los países ricos, tenían escaso o ningún acceso a los excedentes económicos en forma de beneficios, intereses y renta. Los ingresos de los obreros eran casi exclusivamente salariales. La mayoría de los obreros vivía al día, y el cheque del sueldo le llegaba justo para enlazar con el siguiente (aunque a veces podía hacer compras importantes a crédito) y no podía ahorrar. Por lo tanto, los obreros gastaban lo que ingresaban en cubrir sus necesidades o en lo que algunos economistas llamaban “bienes salariales”.
En cambio, los capitalistas podían acceder a los excedentes económicos, y tenían como principal objetivo la acumulación de excedentes aún mayores. Gastaban una pequeña cantidad de sus ingresos totales en artículos de lujo para su consumo privado, pero, básicamente, trataban de garantizarse el incremento de su riqueza a través de la inversión en bienes de producción, en nueva capacidad productiva. Pero esto planteaba un dilema: si todos los excedentes orientados a la inversión se invertían en nueva capacidad productiva (nuevas fábricas y equipo), esa nueva capacidad, una vez canalizada, resultaría en una capacidad total para producir bienes que podía perfectamente exceder a la demanda final, provocando la superproducción, el descenso de los precios y la rápida disminución de los beneficios. Con el fin de evitar tal situación y la reducción de los precios, que amenazaría los márgenes de beneficios, el capital monopolista reducía los niveles de producción, aumentando la cantidad normal de capacidad productiva inactiva e invirtiendo con suma prudencia. Sin embargo, todo esto significaba que el excedente que el sistema podía producir, real y potencialmente, solía superar la capacidad para absorberlo. Como consecuencia de ello se propiciaba un ritmo de crecimiento económico muy por debajo del potencial.
La mayoría de las nuevas industrias afrontaron la conmoción de una encarnizada competencia, en la que los precios tendían a caer y la inversión adoptaba un carácter sumamente dinámico. No obstante, una vez que tales industrias hubieran “madurado”, creando más capacidad productiva de la que normalmente podían utilizar, la inversión tendía a caer. Y la inversión que se realizaba salía cada vez más de los fondos de amortización con una nueva inversión neta relativamente escasa. Además la naturaleza de la industrialización era tal que, en las economías muy desarrolladas, un sector cada vez mayor de la industria consistiría en mercados maduros en este sentido.
Así pues, el estancamiento que caracterizó a los años treinta no fue simplemente una anomalía, sino que reflejaba las condiciones profundamente imbricadas en las leyes del movimiento del capitalismo en su fase monopolista.  ¿Cómo se las había ingeniado la economía estadounidense para seguir en expansión durante dos décadas sin ninguna crisis importante? Una serie de factores compensatorios habían contribuido a impulsar la economía: 1) el estímulo, que marcó toda una época, aportado en los años cincuenta por una segunda gran oleada de automoción en Estados Unidos (que ha de ser entendida como un fenómeno que abarcó también la expansión de las industrias del acero, el cristal, el caucho y el petróleo, la construcción de las redes de autopistas y el estímulo aportado por la suburbanización); 2) el gasto militar propio de la guerra fría, incluyendo dos guerras “calientes” en Asia; 3) la creciente y ruinosa influencia de las campañas de ventas en la producción y 4) la enorme expansión de la superestructura financiera de la economía capitalista, hasta el punto de que empezó a dejar en mantillas a la propia producción. A través de estos medios la economía estadounidense logró absorber los excedentes y, por lo tanto, atajar una severa crisis económica.
Sin embargo, todos estos factores compensatorios tenían sus propios límites, o producían contradicciones adicionales para la sociedad capitalista monopolista. La automoción representaba un cambio en toda la base geográfica de la economía; y una vez que estos efectos se hubieron materializado el proceso se ralentizó. Además, no parecía que asomase por el horizonte ninguna otra innovación que hiciese época a semejante escala –incluso la revolución digital de las últimas décadas ha sido pequeña, en comparación, por lo que se refiere a la inversión global. Los enormes gastos militares indujeron a Estados Unidos (unos gastos que en la actualidad equivalen a casi un tercio del gasto militar en todo el mundo) al militarismo global y al imperialismo, y a la búsqueda de nuevas justificaciones para un enorme y creciente presupuesto armamentístico una vez concluida la guerra fría. La penetración de las campañas de ventas en los procesos de producción provocaba una superproducción superflua (embalaje innecesario, productos inútiles, productos desechables, además de la obsolescencia planificada dentro del propio proceso de producción). Como es natural, esto no dejaba de afectar a los costes empresariales y a la competencia. El vertiginoso crecimiento de la superestructura financiera de la economía capitalista, junto al relativo estancamiento de su base productiva, sólo podía contribuir a la incertidumbre y a la inestabilidad de las economías capitalistas a nivel mundial.
Las tres tendencias más importantes en la reciente historia del capitalismo eran: 1) la ralentización del ritmo general del crecimiento; 2) la proliferación a nivel mundial de multinacionales monopolistas u oligopolistas; y 3) la financiarización del proceso de acumulación de capital. El sistema de producción para obtener beneficios en el mercado sigue siendo lo que organiza la producción. Pero la mano que lo mueve ya no es invisible y las decisiones ya no se toman sin planificarlas. Resulta cada vez más obvio que la mano es la mano rectora de unas cuantas multinacionales gigantescas que mueven el mercado a su antojo, y planifican el uso de los recursos del mundo para ganar dinero en lugar de para hacer frente a las necesidades. Ni las tendencias monopolistas del capitalismo, ni sus divisiones imperialistas, resultan en modo alguno superadas por la nueva globalización.

sábado, 14 de abril de 2012

Reforma del Tratado: una Europa más solidaria... ¿con los mercados?

Thomas Coutrot
Introducción al libro de Economistas Aterrados, Europa al borde del abismo, Editorial Pasos Perdidos/Barataria, 2012.

Apenas lleva dos años en vigor y el Tratado de Lisboa ya necesita una revisión urgente, porque, si bien prohíbe a los países de la zona euro acudir en ayuda de otro país miembro de la zona, durante la primavera de 2010 y para atajar la catástrofe fue necesario improvisar un “Fondo Europeo de Estabilidad Financiera” que permitiera a Grecia y después a Irlanda hacer frente a sus deudas. Esta violación manifiesta del Tratado ha sido criticada por el Tribunal Constitucional alemán, que ha exigido su reforma para adecuarlo a la realidad. En el verano de 2011, el Consejo y el Parlamento europeos adoptaron una “nueva gobernanza europea” que supuestamente servirá para reforzar la disciplina presupuestaria y hacer sostenible el Fondo, que en 2013 será bautizado de nuevo como Mecanismo Europeo de Estabilidad. Pero los mercados financieros han acentuado todavía más sus maniobras especulativas contra la zona euro, y los tipos de interés han aumentado por doquier. Tras un G20 vacuo y sin contenido en Cannes, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy decidieron imponer a finales de 2011 un nuevo tratado que se propone grabar a fuego en las Constituciones nacionales una “regla de oro” de austeridad presupuestaria, además de tornar automáticas y realmente disuasorias las sanciones contra cualquier país que supere el famoso criterio del 3% del déficit. Este tratado “intergubernamental”, rechazado por el Reino Unido, tendría que ser adoptado de manera urgente para tranquilizar a las agencias de calificación financiera y, de ese modo, perpetuar la tutela de los intereses financieros sobre las políticas económicas de los Estados europeos.
La “disciplina de los mercados” ha entrado en quiebra…
La extraña cláusula de “no salvamento” (no bail-out), introducida desde la fundación del euro por el Tratado de Maastricht, resulta incomprensible para el ciudadano medio. ¿A cuento de qué eso de prohibir la asistencia mutua entre países que han decidido unir sus monedad? En realidad, la cláusula reflejaba la obsesión neoliberal por imponer a los Estados la disciplina de los mercados financieros. Ante la prohibición (establecida por el mismo Tratado de Maastricht) de recurrir al Banco Central Europeo para financiar sus déficits, los Estados se han visto obligados a endeudarse en los mercados, quedando por lo tanto sometidos a los criterios y exigencias de la industria financiera y de las agencias de calificación. Prohibir la asistencia entre Estados supone obligar a cada uno a presentarse por sí solo ante el tribunal de los mercados. Cada Estado debe por tanto respetar rigurosamente sus leyes: reformas fiscales favorables a las rentas de capital, reducción del gasto público, flexibilidad, privatizaciones… Los mercados castigarán a todo Estado demasiado laxo en materia presupuestaria aplicando tipos de interés elevados (la supuesta prima de riesgo) que los obliguen a volver al redil.
Este dispositivo tan brillante se ha venido abajo con la crisis financiera, que ha demostrado por enésima vez lo que todos sabíamos: los mercados financieros no son ni eficientes ni racionales y, por consiguiente, es una aberración confiarles la tutela de las políticas económicas de los Estados. ¿Qué disciplina se puede esperar de mercados especulativos inestables y gregarios que van dando tumbos del boom al crack? Sin embargo, no se han sacado las debidas lecciones de este fracaso tan previsible y anunciado. Antes de 2008, los déficits presupuestarios eran moderados, incluso inexistentes, aun cuando las reformas fiscales favorables a las rentas más altas habían erosionado los ingresos de los Estados. Es la crisis financiera lo que ha ahondado de forma dramática la deuda y los déficits. ¡Y para colmo acudimos a las finanzas desreguladas para financiar los déficits que ellas mismas han provocado! Un caso particularmente delirante es el de Irlanda: su plan de austeridad brutal está dirigido a financiar el reflotamiento de los bancos irlandeses para que sus disparates no les cuesten ni un céntimo a sus acreedores, y en especial a los bancos europeos. Pero el caso griego tampoco tiene desperdicio: el FMI y la Comisión europea imponen privatizaciones, recortes salariales y de pensiones, facilidades para el despido… como siempre con el fin de limitar las pérdidas de los acreedores, aunque se haya podido constatar, en octubre de 2011, que habría que suprimir parte de una deuda cuyo pago íntegro es manifiestamente imposible.
La crisis de la zona euro es el reflejo de la escasa o nula aptitud de los mecanismos de coordinación existentes - el “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”- y la ausencia de una verdadera solidaridad financiera. Pero los Jefes de Estado y de Gobierno han decidido radicalizar las disposiciones de dicho pacto, condenando así a Europa a hundirse todavía más en un callejón sin salida.
El origen del problema reside en la concepción misma de la gobernanza económica europea. Claro que existe una coordinación de las políticas económicas, pero esta favorece de forma privilegiada la reducción del gasto público y el control de las cuentas públicas en detrimento del crecimiento, y la competencia en detrimento de la cooperación. La financiarización –es decir, el predominio del sistema productivo sobre el productivo- desbocada de las economías, el dumping fiscal, social y salarial entre los países europeos, la competencia por atraer capitales, han desembocado en esta curiosidad histórica: una moneda única entre países enfrentados en una guerra económica. Guerra que por el momento está ganando Alemania, que viene dando salida a un enorme superávit comercial basado en una austeridad salarial sin fisuras: una auténtica “deflación competitiva”. Pero aquellos que se jactan del éxito de la política alemana olvidan que su generalización a toda Europa reduciría a la mínima expresión la ventaja comparativa de Alemania y sumiría a toda la Unión en la depresión.
…pero todavía hay que reforzarla
¿Qué proponen las autoridades europeas para remediar un vicio de fondo en la concepción de los tratados actuales? Los dirigentes de la Unión, la Comisión y el FMI pretenden reforzar la solidaridad entre los países de la zona euro perpetuando el Fondo de Estabilidad. Solidaridad curiosa donde las haya. Lejos de devolver a los Estados el suficiente margen de maniobra para hacer frente a los mercados financieros, estas reformas vienen a reforzar la disciplina que los mercados no han sabido imponer –debido a su absoluta falta de responsabilidad-. Los tratados europeos querían imponer a los Estados la disciplina de los mercados. Ahora que estos han demostrado su incapacidad para disciplinarse por sí mismos, ya no se trata tanto de neutralizar los daños que puedan ocasionar, sino de suplir sus mecanismos deficientes por mecanismos políticos (como la famosa “regla de oro”) que impondrán directamente a los Estados los objetivos de las élites financieras.
La especulación provoca crisis y en consecuencia déficits; ¿Qué a los “mercados” no les gustan los déficits?, pues entonces vamos a reforzar entre todos la presión sobre el gasto social y a introducir en las Constituciones la obligación de equilibrio presupuestario (“regla de oro”). La especulación provoca subidas de precios en las materias primas y agrícolas, y los asalariados reivindican su capacidad adquisitiva; ¿Qué a los mercados no les gustan las subidas salariales?, pues vamos entre todos a agravar la austeridad salarial. Si en todo esto hay algo que se pueda llamar solidaridad, es con la industria financiera.
Este es el significado real de las innovaciones institucionales adoptadas en verano de 2011 por el Consejo y el Parlamento europeos y del nuevo Tratado anunciado por Merkel y Sarkozy: perpetuar el Fondo de Estabilidad, establecer mecanismos de control recíproco de las políticas presupuestarias (procedimiento conocido como “semestre europeo”) y generalizar la adopción de la “regla de oro”. Tres remedios que agravan la enfermedad.
Mecanismo europeo de “estabilización” ¿o de castigo?
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera creado en mayo de 2010 ha sido autorizado a endeudarse en los mercados financieros por 440.000 millones de euros con el fin de acudir en ayuda de los países atacados por esos mismos mercados. Este Fondo fue inicialmente creado por tres años, la ayuda aportada estaba en gran medida condicionada a la puesta en marcha de planes de reducción del déficit público, y los tipos eran muy elevados (del 5 al 6 %), incorporando además una prima de riesgo. Resulta paradójico, ya que el Fondo, considerado por los operadores financieros tan seguro como Alemania, se endeudaba a un tipo bajo, próximo al 3%. Pero como subrayaba John Monks, el presidente de la Confederación europea de sindicatos, en una carta dirigida a la Comisión en enero de 2011, estas condiciones, sumadas a planes brutales de austeridad y de privatizaciones, se asemejaban a “las cláusulas de reparación (castigo) del Tratado de Versalles” y “rebajan a los países miembros a un estatuto cuasi-colonial”. Acusación legítima pero cargada de significado cuando uno recuerda que aquel tratado humillante, impuesto en 1919 a Alemania y denunciado en aquel entonces por Keynes, desembocó en la toma del poder años más tarde por los nazis…
Las atribuciones del Fondo han sido ampliadas en 2011: a partir de ahora puede adquirir bonos de los Estados en el mercado primario o secundario, y acudir en auxilio de los bancos en dificultades. Pero el Fondo sigue sin disponer de los recursos necesarios para acudir en auxilio de países grandes como España o Italia.
 Semestre europeo: apretar la soga
La Comisión introduce, con el beneplácito del Consejo, un procedimiento de mutua vigilancia calificado como “semestre europeo”: los Estados miembros presentan en el primer semestre de cada año sus políticas presupuestarias de corto y largo plazo, así como sus proyectos de reforma estructural, a la Comisión y al Consejo Europeo, que dan su opinión antes de que estos sean votados por los Parlamentos nacionales durante el segundo semestre. Así pues, los Parlamentos nacionales quedan condicionados por las decisiones tomadas en el nivel europeo.
Semejante proceso podría ser útil si consistiese en definir una estrategia económica para el empleo y las inversiones en materia ecológica. Pero en realidad se trata de aumentar la presión a favor de políticas de austeridad presupuestaria y de las reformas liberales, Ya se puede ver hoy en día: la Comisión ha lanzado Procedimientos de Déficit Excesivo (PDE) contra la mayoría de los países de la zona, pero no ha pedido a los países con cierto margen de maniobra que aumenten sus gastos o sus salarios para compensar los esfuerzos de Grecia, Irlanda o España.
La Comisión preconiza un “saneamiento presupuestario riguroso”, otorgando prioridad a reequilibrar las cuentas públicas sobre el empleo. Solicita una “corrección de los desequilibrios macroeconómicos” por medio de la moderación salarial en los países deficitarios, la liberalización de los servicios y del comercio en los países con superávit, pero bajo ningún concepto por medio de subidas salariales. También recomienda favorecer la “estabilidad del sector financiero” (pero sin cortarle las alas a la especulación), “hacer el trabajo más atractivo” (como si el problema actual consistiese en que los asalariados se niegan a trabajar), “reformar los sistemas de pensiones” (para reducir los costes y favorecer los fondos de pensiones ¡a pesar de la permanente crisis financiera!)… El giro ecológico, la reforma fiscal progresista, la política industrial y la convergencia social al alza siguen siendo los grandes olvidados de este semestre.
Las seis directivas, el pacto Euro plus, la “regla de oro” para sacar del hoyo a Europa igualando a la baja
En septiembre de 2010, la Comisión presentó un paquete de seis directivas dirigidas a radicalizar la lógica del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” que, sin embargo, había sido un completo fracaso. Las directivas, adoptadas en octubre de 2011 por el Parlamento, mantienen el límite del déficit presupuestario en el 3% de PIB, el objetivo de equilibrio a medio plazo y la obligación de reducir los déficits estructurales al menos un 0,5% anual. Los países cuya deuda supere el 60% del PIB podrán ser sometidos a un “procedimiento de déficit excesivo” si no disminuyen rápidamente su deuda. Con el fin de asegurar la cuasi-automaticidad de las sanciones, será necesaria una mayoría cualificada en el Consejo para oponerse a las medidas y sanciones que la Comisión preconiza. Como si no bastara con tener un “Banco Central independiente” de todo poder democrático, la Comisión propone la creación de “instituciones presupuestarias independientes” que verifiquen que se respetan las reglas presupuestarias europeas.
La Comisión vigilará los desequilibrios macroeconómicos excesivos siguiendo un cuadro de mando con ciertas variables (coste salarial, déficit exterior, deuda pública y privada). Pero la supervisión sólo irá enfocada a igualar a la baja: no se sancionará a los países que descarguen sobre los demás unas políticas presupuestarias y salariales demasiado restrictivas. Tampoco se les incitará a incrementar los salarios o el gasto público para converger al alza con los demás países. La Comisión mantiene inalterable su visión neoliberal: hay que controlar a los Estados miembros despilfarradores y díscolos. Poco importa que la crisis haya demostrado la responsabilidad aplastante de las finanzas en la inestabilidad económica.
Por iniciativa alemana, el Consejo ha adoptado en marzo de 2011 un “Pacto por el Euro plus” o “Pacto de competitividad para la convergencia”, una bella contradicción in terminis. A cambio de su participación en el FEEF, Alemania quiere disponer de un derecho de supervisión sobre las instituciones y las estrategias de los demás países. Se trata otra vez de reforzar la competencia en el seno de la Unión. El pacto contempla la supresión de la indexación de los salarios tomando como base los precios, el ajuste de la edad de jubilación en función de la esperanza de vida, la introducción en las constituciones de un techo de déficit…
El nuevo tratado, minuciosamente elaborado por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, propuesto por el Consejo Europeo el 9 de diciembre de 2011, impone la inscripción de una “regla de oro” - similar a la que fue votada por el Parlamento español en septiembre de 2011- en las constituciones de los países miembros. El déficit público estructural será limitado al 0,5% del PIB. Los países tendrán que reducir sus déficits de forma anual, independientemente de la situación económica, siguiendo instrucciones de la Comisión. Será necesaria una mayoría cualificada de los gobiernos europeos para oponerse a las sanciones previstas en caso de superar el techo del 3% o de incumplimiento de las instrucciones de la Comisión. Los Estados perderán toda autonomía de su política presupuestaria. Supondrá un grave retroceso de la democracia.
Otras políticas verdaderamente solidarias son posibles
Hasta el momento, las decisiones y los proyectos sugeridos ni siquiera han servido para tranquilizar a los mercados, En diciembre de 2011, los tipos impuestos por los mercados para la deuda a 10 años eran del 2% para Alemania y del 3,5% para Francia, pero del 6% para España, del 7% para Italia, 8% para Irlanda, 12% para Portugal y 18% para Grecia. Los mercados financieros anticipan una suspensión de pagos en ciertos países y numerosos especuladores se sitúan en un escenario de ruptura de la zona euro. Tras haber sido obligados a constatar que Grecia no podría pagar toda su deuda y de haber condonado una parte de los créditos que estaban en manos de agentes privados, los dirigentes europeos han salido a la palestra para declarar que nunca aceptarían que un país europeo deje de pagar su deuda. Pero para seguir respondiendo a su deuda, los países atacados tienen que soportar tipos de interés elevados, adoptar medidas de austeridad presupuestaria y reducir sus salarios para restablecer su competitividad. Lo que a su vez les condena a un largo periodo de estancamiento económico y de paro que a la larga impedirá una reducción real de los déficits.
¿Puede el debate sobre la gobernanza económica frustrar las lecciones dela crisis? La crisis obedece a estrategias económicas basadas en la presión sobre los salarios y el gasto público, quedando compensado el descenso de la demanda por mejoras de competitividad para los países “neo-mercantilistas” que basan toda su política económica en la exportación (Alemania) o por las burbujas financieras e inmobiliarias y el crecimiento de la deuda de los particulares en los países anglosajones y del sur.
La quiebra de estas dos estrategias ha obligado a los Estados a elevar el déficit público para amortiguar los efectos de la recesión. No se puede reducir dichos déficits sin haber definido previamente otro modelo económico que debería apoyarse, por una parte, en el aumento de los salarios y las prestaciones sociales, tanto en los países neo-mercantilistas como en los países anglosajones, y por otra parte en una nueva política industrial, dirigida a organizar y financiar el giro hacia la economía sostenible.
Los déficits públicos anteriores a la crisis no provenían del aumento del gasto, sino de una competencia fiscal organizada. Reequilibrar las cuentas públicas pasa por la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Para reducir los déficits, hay que aumentar la imposición sobre los ingresos financieros, las plusvalías y las rentas más altas, cuyo crecimiento es una de las causad de la crisis. A escala europea, esto pasa por una estrategia de armonización fiscal, fijando tipos impositivos mínimos para las empresas, las rentas altas y los patrimonios, garantizando a cada país la posibilidad de gravar a sus empresas y residentes.
La supervivencia de Europa implica un cambio total de paradigma. Europa no puede apuntar a una austeridad sin fin, sino que debe alumbrar un modelo específico de sociedad, y para ello requiere una profunda renovación. Entre los economistas críticos no existe un acuerdo unánime sobre la naturaleza de esta renovación. A algunos de nosotros nos gustaría ver cómo Europa se encamina hacia un crecimiento sostenible, un “Green new deal”. Otros preconizan un modelo alternativo en el que el “bienestar” dejaría de ser medido por el PIB. Tampoco nosotros estamos totalmente alineados en cuanto a las medidas que convendría privilegiar para salir del callejón sin salida que amenaza directamente el futuro de la construcción europea. Algunos de nosotros consideramos que la Unión Europea debería garantizar el conjunto de las deudas públicas de los países miembros, lo cual dejaría sin  justificación alguna a las primas de riesgo actualmente exigidas por los inversores para adquirir bonos de los Estados más sospechosos de insolvencia. Otros piensan que las deudas públicas, ampliamente deslegitimadas por su origen (las reducciones de impuestos a los ricos, la crisis financiera, el rescate de los bancos) deberían ser reestructuradas y, llegado el caso, incluso condonadas. A fin de cuentas esta es la clase de debate democrático que debe darse para que en última instancia sean los ciudadanos quienes decidan.
Sin embargo, existe unanimidad en torno a la necesidad de reformar los tratados europeos para reducir la importancia de los mercados financieros, relajar la presión que ejercen sobre los ciudadanos y construir una verdadera solidaridad entre los países, basada en la cooperación y la armonización en un horizonte de progreso.
Una primera exigencia para liberar a los Estados de la tutela de los mercados financieros es garantizar, en los casos en que sea necesario, la recompra de deuda soberana por el BCE. Los Estados tienen que poder financiarse directamente en el Banco Central Europeo a un bajo tipo de interés. Es intolerable que los bancos privados acumulen beneficios récord prestando a los Estados a tipos prohibitivos mientras que ellos se financian en el BCE a un tipo muy bajo.
Una segunda necesidad consiste en trasladar los costes de la recesión y las pérdidas de los bancos  a sus accionistas y a los particulares más acomodados. Es inaceptable imponer el paro, la precariedad y el descenso salarial para proteger y preservar a las élites financieras. Los beneficios y los bonus récord de los bancos en 2010 son indecentes. Los ciudadanos islandeses han abierto el camino al rechazar por referéndum el pago de las locuras perpetradas por sus bancos. Los movimientos de los indignados en España y Grecia han expresado con vehemencia y claridad su rechazo a seguir tragando con todo. El cambio es necesario.
Una tercera urgencia es desarmar a la especulación que sigue cebándose con  Grecia, Irlanda, Portugal, Italia , España, y muy pronto con Francia… Gravar las transacciones financiera, empezando por aquellas que se efectúen en euros; regular estrictamente los mercados derivados, especialmente aquellos que se basan en materias primas y agrícolas, así como los CDS (estos seguros contra la quiebra de un Estado que se han transformado en herramientas de especulación contra los propios Estados); limitar drásticamente la actividad de los fondos especulativos y en particular los “efectos palanca”, que multiplican las oportunidades y los riesgos derivados de la especulación; prohibir a los bancos la especulación por cuenta propia y desmantelar aquellos que son “demasiado grandes como para quebrar”… Toda una batería de decisiones urgentes que no pueden seguir pospuestas.
El cuarto imperativo consiste en instaurar un auténtico espíritu cooperativo entre las políticas económicas  europeas. En lugar de privilegiar ante todo la competencia y los ajustes a la baja, hay que ejercer presión sobre Alemania –y con ese fin apoyar a los movimientos sociales alemanes- para aumentar los salarios y las  prestaciones sociales con  el fin de reducir un  superávit comercial que está desestabilizando a toda Europa. Hay que poner freno a la competencia fiscal que tanto ha minado los ingresos públicos de los países de la Unión, armonizando al alza el impuesto de sociedades. Hay que reequilibrar las cuentas públicas anulando las contrarreformas fiscales neoliberales y restaurando una fiscalidad progresiva. Hay que crear una verdadera solidaridad presupuestaria europea mediante la instauración de una fiscalidad unificada sobre las transacciones financieras y las energías fósiles.
Creer que la reforma programada del Tratado reforzará la solidaridad europea sería un craso error. Al contrario, este reforma apretaría las tuercas a las finanzas de la Unión Europea. Da por válidos los planes de austeridad ya impuestos y allana el camino para su generalización. Prosigue obstinadamente la carrera de la Unión Europea hacia la implosión. Los brutales planes de austeridad aplicados para “tranquilizar a los mercados financieros” son, junto con la crisis bancaria, una de las causas esenciales de la recesión que hoy día se instala en todo el mundo.

jueves, 12 de abril de 2012

El peor de los casos ya ha llegado



Textos extraídos de We are the 99% (Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 2011/12, nº 116)
"A finales de septiembre, UBS, el mayor banco suizo, publicaba un informe de 21 páginas en el que advertía de que la recesión iba a dejar paso a una depresión e insinuaba la necesidad de gobiernos bien "musculados", menos democráticos y más "autoritarios", para enderezar la situación, so pena de conducir a la UE a una "balcanización" y una "guerra civil". Los previsibles desórdenes sociales que la crisis económica iban a generar podrían exigir cambios de gobierno, incluso gobiernos dictatoriales o "militares" capaces de contener y reprimir el malestar. El informe del banco suizo se podría interpretar sin duda como un chantaje encaminado a forzar los rescates bancarios, sin los cuales -se nos dice- sólo cabría esperar un futuro de inestabilidad, agitaciones y autocracias que pondrían fin al "sueño europeo", pero reflejaba también, de manera desnuda, esta creciente intolerancia de los así llamados mercados frente a las instituciones democráticas.
Es Goldman Sachs quien decide el margen de libertad, la calidad de vida, la longevidad y la dignidad de los seres humanos. El capitalismo, aparte de un conjunto de relaciones económicas impersonales, implica también un aparato de gestión, al que son necesarios por igual, según lugares y circunstancias, los más sanguinarios pistoleros y los más refinados filósofos. Lo que caracteriza a ese aparato de gestión es precisamente su falta de escrúpulos: durante los últimos sesenta años ha utilizado alternativa o simultáneamente el colonialismo, el fascismo, las dictaduras, las dictablandas, el Estado del bienestar, las instituciones democráticas, las instituciones financieras y los acuerdos comerciales e incluso el fundamentalismo religioso. Este aparato de gestión es muy versátil y no prefiere el fascismo. Pero tiene en cualquier caso dos límites impuestos por la propia estructura económica que trata de gestionar. El primero señala que ni siquiera en periodos de crecimiento el capitalismo puede generalizar la democracia como procedimiento de gestión. El segundo revela que en el peor de los casos, en periodos de crisis o de recesión, la democracia es el único procedimiento de gestión verdaderamente incompatible con el capitalismo. Todo parece indicar que políticos y agentes económicos (el embudo del 1% que se traga la riqueza) han asumido ya que el peor de los casos ha llegado y que la reproducción de los mecanismos de acumulación capitalista es incompatible en todas partes, también en Europa, con el Estado del Bienestar y con el Estado de Derecho. Como decía Marx hace 150 años, a veces son "las bayonetas las que tienen que encarrilar la ley natural de la oferta y la demanda".
Durante años, ha llamado la atención la descentralización y evaporación del poder. No había ni una Bastilla, ni un Palacio de Invierno. Y, sin embargo, el modelo inaugurado en la Qasba de Túnez y en la plaza de Tahrir de El Cairo se extendió por todo el mundo. Las acampadas tienen menos que ver con el hecho de apuntar con el dedo un edificio o un ministerio, que con la necesidad de afirmar el propio poder de permanencia en el espacio público. El poder capitalista no tiene un centro, pero ocupa los espacios y por eso mismo la presencia física de los cuerpos yuxtapuestos en un recinto común es ya un ejercicio vivo de democracia. Mantenerse en el espacio es una respuesta vigorosísima, subversiva, a esa descentralización del poder."

Santiago Alba Rico, La crisis capitalista y el deseo de democracia. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social (nº 116).

"Cuando se llega a una crisis de la envergadura de la presente, lejos de funcionar como Estado del bienestar, pasa a hacerlo como instrumento de legitimación de las desigualdades, al socializar las pérdidas económico-financieras repercutiéndolas sobre quienes no las han generado. Estamos viendo cómo el discurso neoliberal trata de convertir derechos básicos en privilegios (por ejemplo, tener un contrato fijo) que defienden quienes lo tienen -como expresión del egoísmo del individuo-, contra los que tienen que levantarse quienes no gozan de ellos, Una interpretación en abierta confrontación con la lógica que persigue la extensión y universalidad de los derechos.
En este momento el Estado, lejos de funcionar como Estado del bienestar pasa a hacerlo, más que nunca, como legitimador de las desigualdades. En paralelo a su connivencia con la violencia que introducen los mercados y las agresivas repercusiones económicas y sociales del neoliberalismo, todo parece indicar que también se va a reforzar su función coercitiva. Y frente a la idea integradora asociada al Estado del bien-estar, el mal-estar social se va a extender también por la represión de libertades individuales y colectivas. A los Tratados Internacionales y normativas ya existentes habrá que sumar un mayor control policial dentro del propio territorio, y el reforzamiento de las vías penales para el control y la resolución de conflictos derivados de la exclusión  e injusticia social."
Justa Montero Corominas, Crisis del sistema democrático. Hacia una redefinición de nuestra vida en común. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social (nº 116).