El siguiente texto ha sido extraído del libro
Crisis de un capitalismo patrimonial y parasitario
Francisco Rodríguez Ortiz
Editorial Catarata, 2010.
"Cuando las autoridades comunitarias, los poderes políticos nacionales o el Banco Central Europeo (BCE) invocan la necesidad de unas mayores reformas estructurales para salir de la crisis actual, centran su discurso sobre la intensificación de las varias modalidades de flexibilidad regresiva en el mercado de trabajo, pese a que está sometido a cambios permanentes desde los años ochenta. Compaginar el retorno del crecimiento con la creación de empleo supondría una mayor flexibilidad laboral y salarial y un menor nivel de gasto social. Se cuestionan los pilares del modelo social europeo, especificidad destacada en el proceso de integración y dique de contención contra la crisis.
Pese a las continuas reformas, siguen siendo legión aquellos que opinan, desde las esferas del poder económico y político, que la inercia mostrada por los países de la zona euro provendrían de un exceso de intervencionismo (reglas y gasto público), de la existencia de mercados insuficientemente flexibles, así como del carácter “exagerado” de la protección social. Todo ello generaría una situación en la que el crecimiento real sería inferior al crecimiento potencial y requeriría ahondar en las reformas del mercado de trabajo para dotar a Europa de mayor productividad y competitividad. Se han alterado las prioridades del propio proceso de integración. En lugar de ser percibida la integración europea como un factor de crecimiento y de progreso social, pasa a ser utilizada, en tanto que parte central del proceso de mundialización, como coartada para emprender unos ajustes económicos regresivos. Pensada como fin en lugar de como medio, la moneda única tiende a generar unos ajustes socioeconómicos tanto más regresivos cuanto que se sustenta sobre una concepción reduccionista de la competitividad-precios y de los precios-salarios, lo cual conlleva la “necesidad” de mantener el paro a un nivel elevado, acudir a las formas más arcaicas de flexibilidad laboral y/o cuestionar el acervo social y desembocar en un menor crecimiento y en un ajuste económico de tipo deflacionista. La Europa de la moneda única es vivida cada vez más como un elemento de restricción económica y de sometimiento de la política a una lógica de mercado. Es más, según Blanchard, las cesiones de competencia en el ámbito comunitario serían una coartada perfecta y favorecerían que los gobiernos, sometidos a la tiranía democrática de las elecciones, emprendieran reformas estructurales del mercado de trabajo y de las instituciones de la protección social.
Los países europeos han potenciado, con anterioridad a la crisis, la estrategia no cooperativa de la desinflación competitiva. En lugar de ser monetaria, como en los años noventa, ha pasado a ser principalmente salarial y fiscal. Y todo apunta a que pretenden salir de la crisis añadiendo más restricciones en torno a la evolución de los salarios de los trabajadores de los países centrales. Estando sometida una parte creciente de la población a las adversidades del paro y de la precariedad laboral, habiéndose de desendeudarse y al no beneficiarse ya de un ficticio efecto riqueza, son muchas las incertidumbres que se ciernen sobre la evolución de la demanda. Al haberse agotado la posibilidad de dar continuidad a la misma, vía endeudamiento, no se antoja la mayor restricción salarial como la mejor alternativa para salir de una crisis que no sólo es financiera, con tendencia a apaciguarse, sino que se solapa con una crisis clásica de tipo keynesiano de insuficiencia de demanda solvente.
Los países europeos han primado la moderación salarial para contener la inflación, elevar la rentabilidad del capital y mejorar la retribución del accionista. Así , pese a que las partes más altas de las rentas salariales han mejorado al concederles muchas ventajas (stock options, primas de rendimiento, ventajas en especie, etc.), la parte de los salarios respecto al PIB ha disminuido en todos los países de la eurozona entre 1999 y 2007.
La moderación salarial pasaba a ser la única herramienta de política económica que les restaba a los países miembros de la eurozona toda vez que ya no podía depreciar su tipo de cambio, rebajar los tipos de interés o habían de perseguir el equilibrio presupuestario. Esta necesidad de una mayor restricción salarial se veía agudizada por la creciente competencia de los países emergentes y por el endurecimiento de la competencia intracomunitaria. Así, por ejemplo, Alemania ha apostado por el estancamiento de los salarios nominales, el recorte de las pensiones y la reforma fiscal del IVA, y de las cuotas patronales a la seguridad social. La subida de los tipos del IVA en Alemania puede ser interpretada como una política competitiva no cooperativa en Europa. No sólo se persigue elevar la recaudación fiscal y reducir el déficit público, sino que se pretende también mermar la competitividad de los productos importados en Alemania (equivalente dicha subida a un incremento de los impuestos a la importación), sin que ello tenga alcance alguno sobre los precios a la exportación. Además, al trasladarse, por lo menos parcialmente, esta subida de los tipos IVA a una rebaja de las cotizaciones a la seguridad social, los costes de producción eran recortados y mejoraba la competitividad de los productos alemanes. La economía alemana viene concediendo la primacía a la conquista de los mercados exteriores respecto del impulso de la demanda interna. Su elección competitiva no cooperativa contribuye a debilitar la intensidad del crecimiento en sus principales socios comerciales europeos.
Las empresas, una vez extraídas las consecuencias más perniciosas del exceso apalancamiento financiero, se verán llevadas a recortar sus niveles de inversión, tanto más cuanto que la demanda interna es débil y seguirán proclives a profundizar en las deslocalizaciones. Las estructuras industriales europeas van a mostrar una cierta tendencia al anquilosamiento, tanto más cuanto que la estrategia de desinflación competitiva busca una mejora inmediata de la competitividad en términos de precios y de costes y no crea incentivos para la innovación.
Las desinflaciones salarial y social derivan pues de una concepción de la integración y de la competitividad que no estimula la cooperación, sino la competencia entre Estados miembros. A esto se le viene a añadir otro problema: lo que podría ser relativamente válido en el seno de los Estados miembros ha dejado de serlo en el seno de la Unión Monetaria Europea. Al ser limitados los intercambios de la zona euro con el resto del mundo, el dinamismo del crecimiento depende fundamentalmente de la demanda interna. La moderación salarial generalizada, en un contexto creciente de incertidumbre económica y de tendencia creciente al desendeudamiento de las familias, contribuye a desalentar dicha demanda.
En una pequeña economía, la demanda extranjera dirigida a los países es muy elástica respecto del precio. Al constituir en general más del 60% del PIB, una política de competitividad-coste resulta muy eficaz para un pequeño país. Pero, por razones simétricas, resulta de escasa eficacia en un país grande. La zona euro está abierta al comercio mundial en un 15% de su PIB y la demanda del exterior es muy poco elástica respecto a los precios. He ahí el motivo por el cual la política de competitividad-precio de Alemania no ha desembocado en un incremento significativo de la demanda mundial dirigida a la zona euro. Por el contrario, ha hecho perder partes de mercado en Europa a los grandes países europeos, España, Italia y Francia.
De proseguir Europa con el dogma de una política monetaria aferrada a la estabilidad de precios, la estabilidad presupuestaria y con el discurso de la ineficiencia del gasto social excesivo –que actúa como colchón ante los embates de la crisis, las desigualdades asociadas al proceso de integración europea sólo podrán aumentar y se acentuará el ajuste macroeconómico centrado en las reformas regresivas de las instituciones del mercado de trabajo. Es más, se puede hasta pensar que la coyuntura adversa va a ser aprovechada para reafirmar la necesidad de dotar a largo plazo las políticas macroeconómicas de un sesgo más restrictivo y para presentar como inevitable la adopción de reformas estructurales que acabarán ahondando en las desigualdades sociales, descafeinando aquellas trabas institucionales (subsidio de desempleo, salario mínimo, protección jurídica del empleo, …) que impedirían un funcionamiento “libre” y “eficiente” del mercado de trabajo. Los Gobiernos, los poderes económicos y sus turiferarios académicos aprovechan la coyuntura como coartada perfecta para culminar unas reformas estructurales que vienen persiguiendo desde largo tiempo y que reduce a mito la Europa social."
(Extractos de las págs. 45-56)
