Ahora el crecimiento, lecciones del capital monopolista de los sesenta

John Bellamy Foster

Extraído de: Paul Sweezy y el capital monopolista, en Entender el capitalismo. Douglas Down ed. Edicions bellatera, 2003.

El dilema básico de la acumulación bajo el capitalismo monopolista era que los obreros, que eran la inmensa mayoría de la población en los países ricos, tenían escaso o ningún acceso a los excedentes económicos en forma de beneficios, intereses y renta. Los ingresos de los obreros eran casi exclusivamente salariales. La mayoría de los obreros vivía al día, y el cheque del sueldo le llegaba justo para enlazar con el siguiente (aunque a veces podía hacer compras importantes a crédito) y no podía ahorrar. Por lo tanto, los obreros gastaban lo que ingresaban en cubrir sus necesidades o en lo que algunos economistas llamaban “bienes salariales”.

En cambio, los capitalistas podían acceder a los excedentes económicos, y tenían como principal objetivo la acumulación de excedentes aún mayores. Gastaban una pequeña cantidad de sus ingresos totales en artículos de lujo para su consumo privado, pero, básicamente, trataban de garantizarse el incremento de su riqueza a través de la inversión en bienes de producción, en nueva capacidad productiva. Pero esto planteaba un dilema: si todos los excedentes orientados a la inversión se invertían en nueva capacidad productiva (nuevas fábricas y equipo), esa nueva capacidad, una vez canalizada, resultaría en una capacidad total para producir bienes que podía perfectamente exceder a la demanda final, provocando la superproducción, el descenso de los precios y la rápida disminución de los beneficios. Con el fin de evitar tal situación y la reducción de los precios, que amenazaría los márgenes de beneficios, el capital monopolista reducía los niveles de producción, aumentando la cantidad normal de capacidad productiva inactiva e invirtiendo con suma prudencia. Sin embargo, todo esto significaba que el excedente que el sistema podía producir, real y potencialmente, solía superar la capacidad para absorberlo. Como consecuencia de ello se propiciaba un ritmo de crecimiento económico muy por debajo del potencial.

La mayoría de las nuevas industrias afrontaron la conmoción de una encarnizada competencia, en la que los precios tendían a caer y la inversión adoptaba un carácter sumamente dinámico. No obstante, una vez que tales industrias hubieran “madurado”, creando más capacidad productiva de la que normalmente podían utilizar, la inversión tendía a caer. Y la inversión que se realizaba salía cada vez más de los fondos de amortización con una nueva inversión neta relativamente escasa. Además la naturaleza de la industrialización era tal que, en las economías muy desarrolladas, un sector cada vez mayor de la industria consistiría en mercados maduros en este sentido.

Así pues, el estancamiento que caracterizó a los años treinta no fue simplemente una anomalía, sino que reflejaba las condiciones profundamente imbricadas en las leyes del movimiento del capitalismo en su fase monopolista.  ¿Cómo se las había ingeniado la economía estadounidense para seguir en expansión durante dos décadas sin ninguna crisis importante? Una serie de factores compensatorios habían contribuido a impulsar la economía: 1) el estímulo, que marcó toda una época, aportado en los años cincuenta por una segunda gran oleada de automoción en Estados Unidos (que ha de ser entendida como un fenómeno que abarcó también la expansión de las industrias del acero, el cristal, el caucho y el petróleo, la construcción de las redes de autopistas y el estímulo aportado por la suburbanización); 2) el gasto militar propio de la guerra fría, incluyendo dos guerras “calientes” en Asia; 3) la creciente y ruinosa influencia de las campañas de ventas en la producción y 4) la enorme expansión de la superestructura financiera de la economía capitalista, hasta el punto de que empezó a dejar en mantillas a la propia producción. A través de estos medios la economía estadounidense logró absorber los excedentes y, por lo tanto, atajar una severa crisis económica.

Sin embargo, todos estos factores compensatorios tenían sus propios límites, o producían contradicciones adicionales para la sociedad capitalista monopolista. La automoción representaba un cambio en toda la base geográfica de la economía; y una vez que estos efectos se hubieron materializado el proceso se ralentizó. Además, no parecía que asomase por el horizonte ninguna otra innovación que hiciese época a semejante escala –incluso la revolución digital de las últimas décadas ha sido pequeña, en comparación, por lo que se refiere a la inversión global. Los enormes gastos militares indujeron a Estados Unidos (unos gastos que en la actualidad equivalen a casi un tercio del gasto militar en todo el mundo) al militarismo global y al imperialismo, y a la búsqueda de nuevas justificaciones para un enorme y creciente presupuesto armamentístico una vez concluida la guerra fría. La penetración de las campañas de ventas en los procesos de producción provocaba una superproducción superflua (embalaje innecesario, productos inútiles, productos desechables, además de la obsolescencia planificada dentro del propio proceso de producción). Como es natural, esto no dejaba de afectar a los costes empresariales y a la competencia. El vertiginoso crecimiento de la superestructura financiera de la economía capitalista, junto al relativo estancamiento de su base productiva, sólo podía contribuir a la incertidumbre y a la inestabilidad de las economías capitalistas a nivel mundial.

Las tres tendencias más importantes en la reciente historia del capitalismo eran: 1) la ralentización del ritmo general del crecimiento; 2) la proliferación a nivel mundial de multinacionales monopolistas u oligopolistas; y 3) la financiarización del proceso de acumulación de capital. El sistema de producción para obtener beneficios en el mercado sigue siendo lo que organiza la producción. Pero la mano que lo mueve ya no es invisible y las decisiones ya no se toman sin planificarlas. Resulta cada vez más obvio que la mano es la mano rectora de unas cuantas multinacionales gigantescas que mueven el mercado a su antojo, y planifican el uso de los recursos del mundo para ganar dinero en lugar de para hacer frente a las necesidades. Ni las tendencias monopolistas del capitalismo, ni sus divisiones imperialistas, resultan en modo alguno superadas por la nueva globalización.

Reforma del Tratado: una Europa más solidaria... ¿con los mercados?

Thomas Coutrot

Introducción al libro de Economistas Aterrados, Europa al borde del abismo, Editorial Pasos Perdidos/Barataria, 2012.

Apenas lleva dos años en vigor y el Tratado de Lisboa ya necesita una revisión urgente, porque, si bien prohíbe a los países de la zona euro acudir en ayuda de otro país miembro de la zona, durante la primavera de 2010 y para atajar la catástrofe fue necesario improvisar un “Fondo Europeo de Estabilidad Financiera” que permitiera a Grecia y después a Irlanda hacer frente a sus deudas. Esta violación manifiesta del Tratado ha sido criticada por el Tribunal Constitucional alemán, que ha exigido su reforma para adecuarlo a la realidad. En el verano de 2011, el Consejo y el Parlamento europeos adoptaron una “nueva gobernanza europea” que supuestamente servirá para reforzar la disciplina presupuestaria y hacer sostenible el Fondo, que en 2013 será bautizado de nuevo como Mecanismo Europeo de Estabilidad. Pero los mercados financieros han acentuado todavía más sus maniobras especulativas contra la zona euro, y los tipos de interés han aumentado por doquier. Tras un G20 vacuo y sin contenido en Cannes, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy decidieron imponer a finales de 2011 un nuevo tratado que se propone grabar a fuego en las Constituciones nacionales una “regla de oro” de austeridad presupuestaria, además de tornar automáticas y realmente disuasorias las sanciones contra cualquier país que supere el famoso criterio del 3% del déficit. Este tratado “intergubernamental”, rechazado por el Reino Unido, tendría que ser adoptado de manera urgente para tranquilizar a las agencias de calificación financiera y, de ese modo, perpetuar la tutela de los intereses financieros sobre las políticas económicas de los Estados europeos.

La “disciplina de los mercados” ha entrado en quiebra…

La extraña cláusula de “no salvamento” (no bail-out), introducida desde la fundación del euro por el Tratado de Maastricht, resulta incomprensible para el ciudadano medio. ¿A cuento de qué eso de prohibir la asistencia mutua entre países que han decidido unir sus monedad? En realidad, la cláusula reflejaba la obsesión neoliberal por imponer a los Estados la disciplina de los mercados financieros. Ante la prohibición (establecida por el mismo Tratado de Maastricht) de recurrir al Banco Central Europeo para financiar sus déficits, los Estados se han visto obligados a endeudarse en los mercados, quedando por lo tanto sometidos a los criterios y exigencias de la industria financiera y de las agencias de calificación. Prohibir la asistencia entre Estados supone obligar a cada uno a presentarse por sí solo ante el tribunal de los mercados. Cada Estado debe por tanto respetar rigurosamente sus leyes: reformas fiscales favorables a las rentas de capital, reducción del gasto público, flexibilidad, privatizaciones… Los mercados castigarán a todo Estado demasiado laxo en materia presupuestaria aplicando tipos de interés elevados (la supuesta prima de riesgo) que los obliguen a volver al redil.

Este dispositivo tan brillante se ha venido abajo con la crisis financiera, que ha demostrado por enésima vez lo que todos sabíamos: los mercados financieros no son ni eficientes ni racionales y, por consiguiente, es una aberración confiarles la tutela de las políticas económicas de los Estados. ¿Qué disciplina se puede esperar de mercados especulativos inestables y gregarios que van dando tumbos del boom al crack? Sin embargo, no se han sacado las debidas lecciones de este fracaso tan previsible y anunciado. Antes de 2008, los déficits presupuestarios eran moderados, incluso inexistentes, aun cuando las reformas fiscales favorables a las rentas más altas habían erosionado los ingresos de los Estados. Es la crisis financiera lo que ha ahondado de forma dramática la deuda y los déficits. ¡Y para colmo acudimos a las finanzas desreguladas para financiar los déficits que ellas mismas han provocado! Un caso particularmente delirante es el de Irlanda: su plan de austeridad brutal está dirigido a financiar el reflotamiento de los bancos irlandeses para que sus disparates no les cuesten ni un céntimo a sus acreedores, y en especial a los bancos europeos. Pero el caso griego tampoco tiene desperdicio: el FMI y la Comisión europea imponen privatizaciones, recortes salariales y de pensiones, facilidades para el despido… como siempre con el fin de limitar las pérdidas de los acreedores, aunque se haya podido constatar, en octubre de 2011, que habría que suprimir parte de una deuda cuyo pago íntegro es manifiestamente imposible.

La crisis de la zona euro es el reflejo de la escasa o nula aptitud de los mecanismos de coordinación existentes - el “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”- y la ausencia de una verdadera solidaridad financiera. Pero los Jefes de Estado y de Gobierno han decidido radicalizar las disposiciones de dicho pacto, condenando así a Europa a hundirse todavía más en un callejón sin salida.

El origen del problema reside en la concepción misma de la gobernanza económica europea. Claro que existe una coordinación de las políticas económicas, pero esta favorece de forma privilegiada la reducción del gasto público y el control de las cuentas públicas en detrimento del crecimiento, y la competencia en detrimento de la cooperación. La financiarización –es decir, el predominio del sistema productivo sobre el productivo- desbocada de las economías, el dumping fiscal, social y salarial entre los países europeos, la competencia por atraer capitales, han desembocado en esta curiosidad histórica: una moneda única entre países enfrentados en una guerra económica. Guerra que por el momento está ganando Alemania, que viene dando salida a un enorme superávit comercial basado en una austeridad salarial sin fisuras: una auténtica “deflación competitiva”. Pero aquellos que se jactan del éxito de la política alemana olvidan que su generalización a toda Europa reduciría a la mínima expresión la ventaja comparativa de Alemania y sumiría a toda la Unión en la depresión.

…pero todavía hay que reforzarla

¿Qué proponen las autoridades europeas para remediar un vicio de fondo en la concepción de los tratados actuales? Los dirigentes de la Unión, la Comisión y el FMI pretenden reforzar la solidaridad entre los países de la zona euro perpetuando el Fondo de Estabilidad. Solidaridad curiosa donde las haya. Lejos de devolver a los Estados el suficiente margen de maniobra para hacer frente a los mercados financieros, estas reformas vienen a reforzar la disciplina que los mercados no han sabido imponer –debido a su absoluta falta de responsabilidad-. Los tratados europeos querían imponer a los Estados la disciplina de los mercados. Ahora que estos han demostrado su incapacidad para disciplinarse por sí mismos, ya no se trata tanto de neutralizar los daños que puedan ocasionar, sino de suplir sus mecanismos deficientes por mecanismos políticos (como la famosa “regla de oro”) que impondrán directamente a los Estados los objetivos de las élites financieras.

La especulación provoca crisis y en consecuencia déficits; ¿Qué a los “mercados” no les gustan los déficits?, pues entonces vamos a reforzar entre todos la presión sobre el gasto social y a introducir en las Constituciones la obligación de equilibrio presupuestario (“regla de oro”). La especulación provoca subidas de precios en las materias primas y agrícolas, y los asalariados reivindican su capacidad adquisitiva; ¿Qué a los mercados no les gustan las subidas salariales?, pues vamos entre todos a agravar la austeridad salarial. Si en todo esto hay algo que se pueda llamar solidaridad, es con la industria financiera.

Este es el significado real de las innovaciones institucionales adoptadas en verano de 2011 por el Consejo y el Parlamento europeos y del nuevo Tratado anunciado por Merkel y Sarkozy: perpetuar el Fondo de Estabilidad, establecer mecanismos de control recíproco de las políticas presupuestarias (procedimiento conocido como “semestre europeo”) y generalizar la adopción de la “regla de oro”. Tres remedios que agravan la enfermedad.

Mecanismo europeo de “estabilización” ¿o de castigo?

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera creado en mayo de 2010 ha sido autorizado a endeudarse en los mercados financieros por 440.000 millones de euros con el fin de acudir en ayuda de los países atacados por esos mismos mercados. Este Fondo fue inicialmente creado por tres años, la ayuda aportada estaba en gran medida condicionada a la puesta en marcha de planes de reducción del déficit público, y los tipos eran muy elevados (del 5 al 6 %), incorporando además una prima de riesgo. Resulta paradójico, ya que el Fondo, considerado por los operadores financieros tan seguro como Alemania, se endeudaba a un tipo bajo, próximo al 3%. Pero como subrayaba John Monks, el presidente de la Confederación europea de sindicatos, en una carta dirigida a la Comisión en enero de 2011, estas condiciones, sumadas a planes brutales de austeridad y de privatizaciones, se asemejaban a “las cláusulas de reparación (castigo) del Tratado de Versalles” y “rebajan a los países miembros a un estatuto cuasi-colonial”. Acusación legítima pero cargada de significado cuando uno recuerda que aquel tratado humillante, impuesto en 1919 a Alemania y denunciado en aquel entonces por Keynes, desembocó en la toma del poder años más tarde por los nazis…

Las atribuciones del Fondo han sido ampliadas en 2011: a partir de ahora puede adquirir bonos de los Estados en el mercado primario o secundario, y acudir en auxilio de los bancos en dificultades. Pero el Fondo sigue sin disponer de los recursos necesarios para acudir en auxilio de países grandes como España o Italia.

 Semestre europeo: apretar la soga

La Comisión introduce, con el beneplácito del Consejo, un procedimiento de mutua vigilancia calificado como “semestre europeo”: los Estados miembros presentan en el primer semestre de cada año sus políticas presupuestarias de corto y largo plazo, así como sus proyectos de reforma estructural, a la Comisión y al Consejo Europeo, que dan su opinión antes de que estos sean votados por los Parlamentos nacionales durante el segundo semestre. Así pues, los Parlamentos nacionales quedan condicionados por las decisiones tomadas en el nivel europeo.

Semejante proceso podría ser útil si consistiese en definir una estrategia económica para el empleo y las inversiones en materia ecológica. Pero en realidad se trata de aumentar la presión a favor de políticas de austeridad presupuestaria y de las reformas liberales, Ya se puede ver hoy en día: la Comisión ha lanzado Procedimientos de Déficit Excesivo (PDE) contra la mayoría de los países de la zona, pero no ha pedido a los países con cierto margen de maniobra que aumenten sus gastos o sus salarios para compensar los esfuerzos de Grecia, Irlanda o España.

La Comisión preconiza un “saneamiento presupuestario riguroso”, otorgando prioridad a reequilibrar las cuentas públicas sobre el empleo. Solicita una “corrección de los desequilibrios macroeconómicos” por medio de la moderación salarial en los países deficitarios, la liberalización de los servicios y del comercio en los países con superávit, pero bajo ningún concepto por medio de subidas salariales. También recomienda favorecer la “estabilidad del sector financiero” (pero sin cortarle las alas a la especulación), “hacer el trabajo más atractivo” (como si el problema actual consistiese en que los asalariados se niegan a trabajar), “reformar los sistemas de pensiones” (para reducir los costes y favorecer los fondos de pensiones ¡a pesar de la permanente crisis financiera!)… El giro ecológico, la reforma fiscal progresista, la política industrial y la convergencia social al alza siguen siendo los grandes olvidados de este semestre.

Las seis directivas, el pacto Euro plus, la “regla de oro” para sacar del hoyo a Europa igualando a la baja

En septiembre de 2010, la Comisión presentó un paquete de seis directivas dirigidas a radicalizar la lógica del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” que, sin embargo, había sido un completo fracaso. Las directivas, adoptadas en octubre de 2011 por el Parlamento, mantienen el límite del déficit presupuestario en el 3% de PIB, el objetivo de equilibrio a medio plazo y la obligación de reducir los déficits estructurales al menos un 0,5% anual. Los países cuya deuda supere el 60% del PIB podrán ser sometidos a un “procedimiento de déficit excesivo” si no disminuyen rápidamente su deuda. Con el fin de asegurar la cuasi-automaticidad de las sanciones, será necesaria una mayoría cualificada en el Consejo para oponerse a las medidas y sanciones que la Comisión preconiza. Como si no bastara con tener un “Banco Central independiente” de todo poder democrático, la Comisión propone la creación de “instituciones presupuestarias independientes” que verifiquen que se respetan las reglas presupuestarias europeas.

La Comisión vigilará los desequilibrios macroeconómicos excesivos siguiendo un cuadro de mando con ciertas variables (coste salarial, déficit exterior, deuda pública y privada). Pero la supervisión sólo irá enfocada a igualar a la baja: no se sancionará a los países que descarguen sobre los demás unas políticas presupuestarias y salariales demasiado restrictivas. Tampoco se les incitará a incrementar los salarios o el gasto público para converger al alza con los demás países. La Comisión mantiene inalterable su visión neoliberal: hay que controlar a los Estados miembros despilfarradores y díscolos. Poco importa que la crisis haya demostrado la responsabilidad aplastante de las finanzas en la inestabilidad económica.

Por iniciativa alemana, el Consejo ha adoptado en marzo de 2011 un “Pacto por el Euro plus” o “Pacto de competitividad para la convergencia”, una bella contradicción in terminis. A cambio de su participación en el FEEF, Alemania quiere disponer de un derecho de supervisión sobre las instituciones y las estrategias de los demás países. Se trata otra vez de reforzar la competencia en el seno de la Unión. El pacto contempla la supresión de la indexación de los salarios tomando como base los precios, el ajuste de la edad de jubilación en función de la esperanza de vida, la introducción en las constituciones de un techo de déficit…

El nuevo tratado, minuciosamente elaborado por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, propuesto por el Consejo Europeo el 9 de diciembre de 2011, impone la inscripción de una “regla de oro” - similar a la que fue votada por el Parlamento español en septiembre de 2011- en las constituciones de los países miembros. El déficit público estructural será limitado al 0,5% del PIB. Los países tendrán que reducir sus déficits de forma anual, independientemente de la situación económica, siguiendo instrucciones de la Comisión. Será necesaria una mayoría cualificada de los gobiernos europeos para oponerse a las sanciones previstas en caso de superar el techo del 3% o de incumplimiento de las instrucciones de la Comisión. Los Estados perderán toda autonomía de su política presupuestaria. Supondrá un grave retroceso de la democracia.

Otras políticas verdaderamente solidarias son posibles

Hasta el momento, las decisiones y los proyectos sugeridos ni siquiera han servido para tranquilizar a los mercados, En diciembre de 2011, los tipos impuestos por los mercados para la deuda a 10 años eran del 2% para Alemania y del 3,5% para Francia, pero del 6% para España, del 7% para Italia, 8% para Irlanda, 12% para Portugal y 18% para Grecia. Los mercados financieros anticipan una suspensión de pagos en ciertos países y numerosos especuladores se sitúan en un escenario de ruptura de la zona euro. Tras haber sido obligados a constatar que Grecia no podría pagar toda su deuda y de haber condonado una parte de los créditos que estaban en manos de agentes privados, los dirigentes europeos han salido a la palestra para declarar que nunca aceptarían que un país europeo deje de pagar su deuda. Pero para seguir respondiendo a su deuda, los países atacados tienen que soportar tipos de interés elevados, adoptar medidas de austeridad presupuestaria y reducir sus salarios para restablecer su competitividad. Lo que a su vez les condena a un largo periodo de estancamiento económico y de paro que a la larga impedirá una reducción real de los déficits.

¿Puede el debate sobre la gobernanza económica frustrar las lecciones dela crisis? La crisis obedece a estrategias económicas basadas en la presión sobre los salarios y el gasto público, quedando compensado el descenso de la demanda por mejoras de competitividad para los países “neo-mercantilistas” que basan toda su política económica en la exportación (Alemania) o por las burbujas financieras e inmobiliarias y el crecimiento de la deuda de los particulares en los países anglosajones y del sur.

La quiebra de estas dos estrategias ha obligado a los Estados a elevar el déficit público para amortiguar los efectos de la recesión. No se puede reducir dichos déficits sin haber definido previamente otro modelo económico que debería apoyarse, por una parte, en el aumento de los salarios y las prestaciones sociales, tanto en los países neo-mercantilistas como en los países anglosajones, y por otra parte en una nueva política industrial, dirigida a organizar y financiar el giro hacia la economía sostenible.

Los déficits públicos anteriores a la crisis no provenían del aumento del gasto, sino de una competencia fiscal organizada. Reequilibrar las cuentas públicas pasa por la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Para reducir los déficits, hay que aumentar la imposición sobre los ingresos financieros, las plusvalías y las rentas más altas, cuyo crecimiento es una de las causad de la crisis. A escala europea, esto pasa por una estrategia de armonización fiscal, fijando tipos impositivos mínimos para las empresas, las rentas altas y los patrimonios, garantizando a cada país la posibilidad de gravar a sus empresas y residentes.

La supervivencia de Europa implica un cambio total de paradigma. Europa no puede apuntar a una austeridad sin fin, sino que debe alumbrar un modelo específico de sociedad, y para ello requiere una profunda renovación. Entre los economistas críticos no existe un acuerdo unánime sobre la naturaleza de esta renovación. A algunos de nosotros nos gustaría ver cómo Europa se encamina hacia un crecimiento sostenible, un “Green new deal”. Otros preconizan un modelo alternativo en el que el “bienestar” dejaría de ser medido por el PIB. Tampoco nosotros estamos totalmente alineados en cuanto a las medidas que convendría privilegiar para salir del callejón sin salida que amenaza directamente el futuro de la construcción europea. Algunos de nosotros consideramos que la Unión Europea debería garantizar el conjunto de las deudas públicas de los países miembros, lo cual dejaría sin  justificación alguna a las primas de riesgo actualmente exigidas por los inversores para adquirir bonos de los Estados más sospechosos de insolvencia. Otros piensan que las deudas públicas, ampliamente deslegitimadas por su origen (las reducciones de impuestos a los ricos, la crisis financiera, el rescate de los bancos) deberían ser reestructuradas y, llegado el caso, incluso condonadas. A fin de cuentas esta es la clase de debate democrático que debe darse para que en última instancia sean los ciudadanos quienes decidan.

Sin embargo, existe unanimidad en torno a la necesidad de reformar los tratados europeos para reducir la importancia de los mercados financieros, relajar la presión que ejercen sobre los ciudadanos y construir una verdadera solidaridad entre los países, basada en la cooperación y la armonización en un horizonte de progreso.

Una primera exigencia para liberar a los Estados de la tutela de los mercados financieros es garantizar, en los casos en que sea necesario, la recompra de deuda soberana por el BCE. Los Estados tienen que poder financiarse directamente en el Banco Central Europeo a un bajo tipo de interés. Es intolerable que los bancos privados acumulen beneficios récord prestando a los Estados a tipos prohibitivos mientras que ellos se financian en el BCE a un tipo muy bajo.

Una segunda necesidad consiste en trasladar los costes de la recesión y las pérdidas de los bancos  a sus accionistas y a los particulares más acomodados. Es inaceptable imponer el paro, la precariedad y el descenso salarial para proteger y preservar a las élites financieras. Los beneficios y los bonus récord de los bancos en 2010 son indecentes. Los ciudadanos islandeses han abierto el camino al rechazar por referéndum el pago de las locuras perpetradas por sus bancos. Los movimientos de los indignados en España y Grecia han expresado con vehemencia y claridad su rechazo a seguir tragando con todo. El cambio es necesario.

Una tercera urgencia es desarmar a la especulación que sigue cebándose con  Grecia, Irlanda, Portugal, Italia , España, y muy pronto con Francia… Gravar las transacciones financiera, empezando por aquellas que se efectúen en euros; regular estrictamente los mercados derivados, especialmente aquellos que se basan en materias primas y agrícolas, así como los CDS (estos seguros contra la quiebra de un Estado que se han transformado en herramientas de especulación contra los propios Estados); limitar drásticamente la actividad de los fondos especulativos y en particular los “efectos palanca”, que multiplican las oportunidades y los riesgos derivados de la especulación; prohibir a los bancos la especulación por cuenta propia y desmantelar aquellos que son “demasiado grandes como para quebrar”… Toda una batería de decisiones urgentes que no pueden seguir pospuestas.

El cuarto imperativo consiste en instaurar un auténtico espíritu cooperativo entre las políticas económicas  europeas. En lugar de privilegiar ante todo la competencia y los ajustes a la baja, hay que ejercer presión sobre Alemania –y con ese fin apoyar a los movimientos sociales alemanes- para aumentar los salarios y las  prestaciones sociales con  el fin de reducir un  superávit comercial que está desestabilizando a toda Europa. Hay que poner freno a la competencia fiscal que tanto ha minado los ingresos públicos de los países de la Unión, armonizando al alza el impuesto de sociedades. Hay que reequilibrar las cuentas públicas anulando las contrarreformas fiscales neoliberales y restaurando una fiscalidad progresiva. Hay que crear una verdadera solidaridad presupuestaria europea mediante la instauración de una fiscalidad unificada sobre las transacciones financieras y las energías fósiles.

Creer que la reforma programada del Tratado reforzará la solidaridad europea sería un craso error. Al contrario, este reforma apretaría las tuercas a las finanzas de la Unión Europea. Da por válidos los planes de austeridad ya impuestos y allana el camino para su generalización. Prosigue obstinadamente la carrera de la Unión Europea hacia la implosión. Los brutales planes de austeridad aplicados para “tranquilizar a los mercados financieros” son, junto con la crisis bancaria, una de las causas esenciales de la recesión que hoy día se instala en todo el mundo.

El peor de los casos ya ha llegado

Textos extraídos de We are the 99% (Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 2011/12, nº 116)

"A finales de septiembre, UBS, el mayor banco suizo, publicaba un informe de 21 páginas en el que advertía de que la recesión iba a dejar paso a una depresión e insinuaba la necesidad de gobiernos bien "musculados", menos democráticos y más "autoritarios", para enderezar la situación, so pena de conducir a la UE a una "balcanización" y una "guerra civil". Los previsibles desórdenes sociales que la crisis económica iban a generar podrían exigir cambios de gobierno, incluso gobiernos dictatoriales o "militares" capaces de contener y reprimir el malestar. El informe del banco suizo se podría interpretar sin duda como un chantaje encaminado a forzar los rescates bancarios, sin los cuales -se nos dice- sólo cabría esperar un futuro de inestabilidad, agitaciones y autocracias que pondrían fin al "sueño europeo", pero reflejaba también, de manera desnuda, esta creciente intolerancia de los así llamados mercados frente a las instituciones democráticas.

Es Goldman Sachs quien decide el margen de libertad, la calidad de vida, la longevidad y la dignidad de los seres humanos. El capitalismo, aparte de un conjunto de relaciones económicas impersonales, implica también un aparato de gestión, al que son necesarios por igual, según lugares y circunstancias, los más sanguinarios pistoleros y los más refinados filósofos. Lo que caracteriza a ese aparato de gestión es precisamente su falta de escrúpulos: durante los últimos sesenta años ha utilizado alternativa o simultáneamente el colonialismo, el fascismo, las dictaduras, las dictablandas, el Estado del bienestar, las instituciones democráticas, las instituciones financieras y los acuerdos comerciales e incluso el fundamentalismo religioso. Este aparato de gestión es muy versátil y no prefiere el fascismo. Pero tiene en cualquier caso dos límites impuestos por la propia estructura económica que trata de gestionar. El primero señala que ni siquiera en periodos de crecimiento el capitalismo puede generalizar la democracia como procedimiento de gestión. El segundo revela que en el peor de los casos, en periodos de crisis o de recesión, la democracia es el único procedimiento de gestión verdaderamente incompatible con el capitalismo. Todo parece indicar que políticos y agentes económicos (el embudo del 1% que se traga la riqueza) han asumido ya que el peor de los casos ha llegado y que la reproducción de los mecanismos de acumulación capitalista es incompatible en todas partes, también en Europa, con el Estado del Bienestar y con el Estado de Derecho. Como decía Marx hace 150 años, a veces son "las bayonetas las que tienen que encarrilar la ley natural de la oferta y la demanda".

Durante años, ha llamado la atención la descentralización y evaporación del poder. No había ni una Bastilla, ni un Palacio de Invierno. Y, sin embargo, el modelo inaugurado en la Qasba de Túnez y en la plaza de Tahrir de El Cairo se extendió por todo el mundo. Las acampadas tienen menos que ver con el hecho de apuntar con el dedo un edificio o un ministerio, que con la necesidad de afirmar el propio poder de permanencia en el espacio público. El poder capitalista no tiene un centro, pero ocupa los espacios y por eso mismo la presencia física de los cuerpos yuxtapuestos en un recinto común es ya un ejercicio vivo de democracia. Mantenerse en el espacio es una respuesta vigorosísima, subversiva, a esa descentralización del poder."

Santiago Alba Rico, La crisis capitalista y el deseo de democracia. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social (nº 116).

"Cuando se llega a una crisis de la envergadura de la presente, lejos de funcionar como Estado del bienestar, pasa a hacerlo como instrumento de legitimación de las desigualdades, al socializar las pérdidas económico-financieras repercutiéndolas sobre quienes no las han generado. Estamos viendo cómo el discurso neoliberal trata de convertir derechos básicos en privilegios (por ejemplo, tener un contrato fijo) que defienden quienes lo tienen -como expresión del egoísmo del individuo-, contra los que tienen que levantarse quienes no gozan de ellos, Una interpretación en abierta confrontación con la lógica que persigue la extensión y universalidad de los derechos.

En este momento el Estado, lejos de funcionar como Estado del bienestar pasa a hacerlo, más que nunca, como legitimador de las desigualdades. En paralelo a su connivencia con la violencia que introducen los mercados y las agresivas repercusiones económicas y sociales del neoliberalismo, todo parece indicar que también se va a reforzar su función coercitiva. Y frente a la idea integradora asociada al Estado del bien-estar, el mal-estar social se va a extender también por la represión de libertades individuales y colectivas. A los Tratados Internacionales y normativas ya existentes habrá que sumar un mayor control policial dentro del propio territorio, y el reforzamiento de las vías penales para el control y la resolución de conflictos derivados de la exclusión  e injusticia social."

Justa Montero Corominas, Crisis del sistema democrático. Hacia una redefinición de nuestra vida en común. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social (nº 116).

Amnistia fiscal. Sin palabras

"Nosotros no vamos a apoyar la amnistia fiscal. Porque los que pagan van a pagar más, y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado, después de lo que se le ha hecho a los pensionistas,  a los funcionarios, y después de que en España haya 4 millones y medio de personas que no pueden trabajar, queriéndolo"(Rajoy, mayo de 2010).

Ante una crisis profunda, soluciones radicales

Michel Husson

Traducción de: A crise profonde, solutions radicales

ContreTemps 2012

La paradoja de este periodo electoral en Francia es básicamente la siguiente: poco a poco se toma conciencia de la profundidad de la crisis, sin la posibilidad de una alternativa que realmente esté ganando credibilidad. La candidatura social-liberal de Francois Hollande, se ha intentado adaptar a esta contradicción, que también pesa sobre las candidaturas a la izquierda de la izquierda.

La profundidad de la crisis

De una forma muy simplificada, el capitalismo puede funcionar de dos maneras. Puede estar relativamente regulado, como durante el período de los treinta años gloriosos (1945-1975). O, por el contrario, puede estar libre de rigideces y tender hacia un funcionamiento puro, como ocurre desde el gran giro liberal de los años ochenta.

Llamaremos "fordista" y "neoliberal" a estos dos modos opuestos de funcionamiento. Se pueden identificar con una batería de curvas que son aproximadamente planas en el primer modelo y que aumentan con el segundo (Les courbes du capitalisme néolibéral”, note hussonet nº 39, septiembre 2011, http://hussonet.free.fr/courblib.pdf).

   Las curvas del capitalismo neoliberal.

Beneficios: Porcentaje de los beneficios sobre el valor añadido total (4 países. Fuente: Comisión europea).

Desigualdades: Porcentaje de rentas que ingresa el 1% más rico (8 países. Fuente: Atkinson, Piketty & Saez).

Bolsa: Índice Dow Jones, deflactado con el índice de precios de EE.UU.

Mundialización financiera: Relación entre la deuda exterior total y el PIB mundial (Fuente: Bichler & Nitzan).

Desequilibrios mundiales: Suma de los valores absolutos de los déficits corrientes en % del PIB mundial (fuente: Banco Mundial).

BRIC: Participación de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en el PIB mundial (fuente: Banco Mundial).

Endeudamiento: Tasa de endeudamiento de los hogares en EE.UU. (fuente: Reserva Federal).

Indicador sintético: Promedia las seis series anteriores.

   Las curvas del capitalismo neoliberal.

Tasa de beneficio: Media de 4 países (EE.UU., Alemania, Francia y Reino Unido) (fuente: Michel Husson, Le débat sur le taux de profit , Inprecor n°562-563, junio-julio 2010). 

Sin embargo, esta tendencia al alza (de los beneficios en relación a los salarios, de los dividendos en relación a las inversiones, de la financiación en comparación con la riqueza creada, etc.) ha llegado a sus límites, de ahí la crisis. El capitalismo está ahora en una especie de callejón sin salida: no es posible volver a poner en marcha el capitalismo neoliberal y ocurre lo mismo con el capitalismo fordista. El capitalismo neoliberal había logrado restaurar la rentabilidad, a pesar de una desaceleración de la productividad. Pero sólo podía hacerlo de manera artificial e insostenible. Por lo tanto, no hay nada resuelto, y el dinamismo artificial del capitalismo se ha convertido en enormes deudas públicas que tienen la función de liquidar, en realidad validar, la montaña de deuda privada acumulada a lo largo de dos o tres décadas. La crisis de la deuda soberana en Europa dio lugar al establecimiento de políticas de austeridad absurdas, si tenemos en cuenta sus efectos sobre la actividad económica y la propia deuda, pero apropiadas si se trata de aplicar una terapia de choque para liquidar los logros sociales y devaluar el trabajo bajo el pretexto de la competitividad.

Este callejón sin salida en el que se encuentra el capitalismo corta la hierba bajo los pies del social-liberalismo. Su proyecto ilusorio, consistente en combinar la aceptación de los preceptos neoliberales con una mínima dosis social, fue destrozado por la crisis. La cuestión es que el mínimo margen de maniobra implica un grado de confrontación que la socialdemocracia es simplemente incapaz de concebir. Por tomar un ejemplo reciente, Elie Cohen, uno de los principales asesores económicos de François Holland (Sylvia Zappi, “Ces économistes qui travaillent pour François Hollande”, lemonde.fr, noviembre 2011, http://gesd.freee.fr.ecollande.pdf) ha publicado un artículo sobre tres conflictos recientes (Seafrance, Petroplus, Photowatt), en el que extrae las siguientes  lecciones de política: "Que, en este contexto, se pretenda hacer creer que se pueden prohibir los despidos colectivos por la comodidad de una campaña electoral no es serio (...). La puesta en escena de un voluntarismo de Estado, que permite estigmatizar a una izquierda que no hizo frente a los dictados del mercado, es cosa del pasado" (Elie Cohen, “Les emplois électoraux”, Telos 16, enero 2012, http://gesd.free.fr/emplecto.pdf). Esto recuerda la famosa fórmula de Lionel Jospin: "el Estado no puede hacerlo todo". Tal orientación realmente puede conducir a un alineamiento con los dictados del mercado, en línea con Zapatero y Papandreu.

Pero nadie puede escapar a esta realidad: frente a la crisis actual, la única alternativa posible debe ser radical, y cuestionar estas tres barreras que la hacen verdaderamente única: la distribución de los ingresos, el control financiero y el corsé euroliberal. La social-democracia pretende salvar estos obstáculos ofreciendo un programa que descansa en dos errores fundamentales. El primero es contar con un crecimiento adicional, el segundo es hacerse cargo del objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2013. Y las finanzas no tienen nada que temer: "la izquierda ha estado en el gobierno durante los quince años, durante los cuales hemos liberalizado la economía y abierto los mercados a las fianzas y a las privatizaciones. No hay que tener ningún temor” (“François Hollande seeks to reassure UK and City of London”, The Guardian, 13 febrero 2012).

Esperando el crecimiento

Confiar en un hipotético crecimiento es un elemento esencial del pensamiento “holandés”. Ya en 2008, a la pregunta de un periodista económico que le pregunta si desea “actuar políticamente en la distribución del valor añadido entre salarios y beneficios ", respondió lo siguiente: "Lo que se necesita primero es crear más valor. La izquierda sólo puede estar interesada en la distribución. Primero debe afrontar la insuficiente creación de riqueza”  (François Hollande, “Quelle politique économique pour la gauche?”, L’économie politique, nº 40, octubre 2008, http://gesd.free.fr/holland8.pdf). Se encuentra la misma orientación en el proyecto socialista de 2012, que señalaba que “la política económica que proponemos ofrece a Francia los medios para crecer a partir de 2013 a una tasa del 2,5%”. (Project Socialiste 2012, abril 2011, http://gesd.free.fr/psprogra.pdf). Este proyecto, que data de abril de 2011, y que ya entonces estaba obsoleto, ahora está claramente muerto.

La primera razón es que la crisis está aquí para quedarse, con unas perspectivas de crecimiento mediocres, en el mejor de los casos. La actual cuasi-recesión era previsible. Por supuesto, un mayor crecimiento podría tener efectos favorables a corto plazo sobre el empleo, pero esto no es suficiente para invocar el crecimiento, también hay que decir cómo se obtiene. Pero sobre todo, esta posición significa que no hay otra manera de crear puestos de trabajo que un crecimiento adicional. Sin embargo, esto es falso y supone una total falta de comprensión de la relación entre el desempleo y la distribución del ingreso. Evidentemente, toda crisis genera desempleo. Pero la cuestión es la persistencia del desempleo masivo durante varias décadas. Esta es una consecuencia de la distorsión en la distribución de los ingresos, que a su vez proviene de la captación de las ganancias de productividad a expensas de la creación de empleos reduciendo el tiempo de trabajo. El aumento del desempleo en los últimos treinta años es exactamente paralelo al de los beneficios no reinvertidos, que han alimentado las burbujas financieras y llevado a la crisis. Por lo tanto, cualquier programa contra el desempleo que no ponga en cuestión la distribución de los ingresos es puramente ilusorio.

Desde este punto de vista, es irónico que el PS "olvide" hasta qué punto el período de 35 horas ha sido excepcional, con la creación de 1,9 millones de puestos de trabajo; tres cuartas partes de los empleos netos creados después de 37 años en el sector privado lo han sido entre 1997 y 2002. Pero este camino ha sido abandonado y la paradoja se explica por la renuncia a cualquier propuesta que ponga en duda el reparto actual entre salarios y beneficios. La oposición entre crecimiento y distribución lleva a un malentendido aún más profundo, que consiste en no ver que otra distribución de los beneficios a favor del empleo y la satisfacción de las necesidades sociales es también una condición para dar al crecimiento otro contenido, no productivista.

El equilibrio presupuestario a cualquier precio

François Hollande, ha declarado que se deben “reequilibrar las cuentas públicas en 2013 (...) no por ceder a no se sabe qué presión de los mercados o las agencias de calificación, sino porque es la condición para que nuestro país recupere su confianza” (François Hollande, “La dette est l’ennemie de la gauche et de la France”, LeMonde.fr, 16 julio 2011, http://gesd.free.fr/holla711.pdf). Más recientemente, sus asesores han estimado el esfuerzo fiscal que debe realizarse: 50 millones de euros, sin dar muchos detalles de sus modalidades (Marc Joanny y Jean-Baptiste Vey: “Hollande pour un effort budgétaire de 50 milliards en 2012-2013”, latribune.fr, 17 noviembre 2011, http://gesd.free.fr/holland50.pdf).

Reducir el déficit presupuestario es un objetivo legítimo, porque es la contrapartida de las exenciones de impuestos. No es el resultado de un gasto excesivo, ni de inversiones inútiles, sino de un proceso deliberado de auto-reducción de los ingresos estatales. El déficit así producido se utiliza entonces como un argumento para justificar la reducción los gastos. Pero el proyecto del candidato del PS de alcanzar el 3% de déficit en 2013 y el equilibrio en 2017, no se corresponde con una reforma fiscal de una amplitud que pudiera hacerlo creíble. Por lo tanto,sólo podría lograrse mediante un aumento del rigor, lo que no vemos cómo podría ser calificado de “justo”, en la ausencia de impuestos “justos”, es decir, proporcionales a las exenciones impositivas acumuladas durante 10 años.

La cuestión de la financiación refuerza este conflicto. La condición sine qua non es conseguir la autonomía de los mercados financieros. Las necesidades de financiación del Estado son de hecho considerables y no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Para 2012, la Agence France Trésor las evalúa en 182 millones de euros: 82 mil millones de déficit, a los que se le añaden 100 mil millones de amortización de la deuda. La experiencia reciente muestra que esa financiación no puede encontrarse a un precio razonable, si la política fiscal se encuentra bajo el yugo de la las agencias de calificación que dictan su política a los Estados. En la medida en que nos basemos en los mercados para financiar el déficit, estamos condenados a no tomar las medidas convenientes. De ahí esta ley de hierro: no es posible ninguna alternativa política si no nos liberamos de esta dependencia. Esto puede hacerse de diversas maneras: por un préstamo forzoso de las grandes fortunas, imponiendo a los bancos que suscriban títulos de deuda pública, o por el requerimiento al Banco de Francia para que financie el déficit. No hay nada revolucionario aquí, ya que, en el pasado, estos procedimientos han sido implementados por gobiernos de derecha. Pero los tiempos han cambiado, y hoy en día representaría una ruptura que está a años luz de la visión social-liberal del mundo.

La cuestión de la credibilidad

Hubo un momento en el que el estalinismo servía de freno: cualquier intento de trascender el capitalismo conducía inevitablemente al gulag. Desde la introducción del capitalismo neoliberal, la democracia social se rindió a los argumentos en favor de giro neoliberal. Renunciando con ello a cualquier alternativa real, acabó desempeñando el mismo papel. Su práctica, desde hace años, ha consistido en desalentar la esperanza social y validar las políticas sociales neoliberales: puesto que la izquierda está de acuerdo, definitivamente no hay otra alternativa. En este sentido, la alternancia cumple una función esencial, la de reforzar la estricta legitimidad del capitalismo contemporáneo.

Esta es una de las razones por las que la situación de crisis no ha abierto una vía a la izquierda radical. Se enfrenta con un reto que se puede resumir así: la profundidad de la crisis requiere de soluciones radicales, pero que parecen fuera de alcance, porque suponen una relación de fuerzas que aún no existe. Hay por tanto un paso difícil de superar entre la viabilidad económica y la credibilidad política. Por poner un ejemplo, sería posible situar el salario mínimo en 1.700 euros, a condición de reducir en la misma proporción los ingresos del capital. Esta medida tendría consecuencias positivas gracias a la recuperación del consumo. Sin embargo, a los asalariados que cobran algo parecido al salario mínimo, este aumento de 300 euros al mes les parecerá desorbitado, porque conocen bien el poder, y a menudo la violencia, de los intereses sociales a los que habría que arrancárselo.

El tema del empleo es otro ejemplo de esta dificultad. Se debe insistir: el aumento del desempleo es la otra cara de la captura de riqueza por los "rentistas". Por lo tanto, no es posible ninguna mejora en el ámbito del empleo sin poner en cuestión la distribución de ingresos. Y el potencial es enorme: si los dividendos pagados por las empresas se fijaran en la misma proporción de la masa salarial que hace 30 años, ahora serían inferiores a 60 mil millones, lo que equivaldría a 2 millones de puestos de trabajo (pagados al salario medio, incluidas las contribuciones sociales). De manera similar, la reducción de las cotizaciones sociales, que según los cálculos más optimistas han creado o mantenido 400.000 puestos de trabajo, permitiría, si se reciclaran, pagar casi un millón de empleados. Ninguna política de empleo puede tener éxito sin medidas para desinflar las rentas financieras y re-fiscalizar las rentas del capital.

Pero una vez más, chocamos con el peso de la ideología. Cuando Francis Holland propone la creación de 60.000 empleos para profesores, es inmediatamente denunciado por la derecha como un derrochador exagerado e irresponsable, por una medida que sólo representaría alrededor de 2 mil millones, o el 0,1% del PIB. Y el candidato del PS se mantiene en su terreno cuando se apresura a señalar que estos nuevos empleos serían compensados por la eliminación o no reemplazo de otros. Esta manera de no asumir un programa, por otra parte muy tímido, no puede sino reforzar la idea de que es imposible cambiar las cosas.

Para salir de la resignación, del fatalismo inscrito en las coordenadas del debate, hace falta mostrar que el curso actual del capitalismo requiere de un grado de confrontación social a la altura de la ofensiva neoliberal. En Francia, la elección presidencial establece una meta intermedia única: expulsar a Sarkozy del poder, sin hacerse ninguna ilusión sobre la capacidad del candidato del PS como alternativa real. Pero también debe ser una oportunidad para desarrollar una campaña para fortalecer la credibilidad de un programa radical. Esto requiere la demostración de su viabilidad económica y de que es posible acabar con la crisis, para lo que debe tenerse en cuenta esta tesis: existen márgenes de maniobra para otra política, pero no pueden concretarse sin una fuerte movilización social. Es necesario, por tanto, ir estableciendo respuestas articuladas que permitan liberarse de las presiones ejercidas por los mercados financieros y las instituciones europeas. Finalmente, se debe adoptar una perspectiva que muestre cómo es posible combinar la acción inmediata con la transición a un modelo de desarrollo diferente.

Un programa en tres etapas

En resumen, tenemos que volver a una transición lógica, que rompa a la vez con la adaptación a las leyes del mercado y con un revolucionarismo abstracto. Esta lógica podría estar basado en siete principios esenciales: 1. Nada es posible sin suprimir la hipoteca de la deuda;  2. Nada es posible sin cambiar la distribución de los ingresos; 3. La ruptura es necesaria y debe estar basado en una legitimidad adquirida en acciones inmediatas; 4. La ruptura debe realizarse en nombre de un proyecto de refundación de Europa; 5. La ruptura se enfrentará a medidas de represalia que deben ser anticipadas con contra-medidas; 6. Las medidas más inmediatas deben iniciar la transición hacia otro modelo de desarrollo; 7. La legitimidad del programa debe ser fortalecido por el ejercicio de nuevos derechos.

Estos principios definen un programa de transformación social muy diferente de programa de relanzamiento del consumo. Combina tres etapas que deben encajar. La primera es la de la ruptura, que tiene tres objetivos: proporcionar los medios para otra política y protegerse de las represalias previsibles, reparando los daños de la crisis y construyendo de entrada una doble legitimidad. La legitimidad social para la mejora inmediata de las condiciones de vida de la mayoría, dando prioridad a los de bajos ingresos (salario mínimo y las prestaciones sociales mínimas); la legitimidad europea, rompiendo con el euro-liberalismo, no en busca de una salida nacional, sino en el nombre de un proyecto alternativo que pueda extenderse a la totalidad de Europa.

La segunda etapa es la bifurcación. Su objetivo es afianzar el proceso de transformación incluyendo la creación masiva de empleos (la reducción del tiempo de trabajo y la creación ex nihilo de puestos de trabajo productivos) y el establecimiento de un nuevo estatuto del trabajador. Es el medio para activar el gran cambio que debe desconectar el trabajo de la rentabilidad que puede generar. En este proceso, la legitimidad social puede ser fortalecida por los nuevos derechos de los trabajadores: derecho de veto sobre los despidos, el control sobre los términos de la reducción del tiempo de trabajo y sobre las condiciones de los puestos de trabajo creados.

La tercera etapa es la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, basado en tres conjuntos de principios: la desmercantilización y la extensión de los servicios públicos, las relocalizaciones y nuevas formas de cooperación internacional, la planificación ambiental y la nueva política industrial. Estos tres “niveles” deben estar presentes desde el principio, teniendo en cuenta que tendrán ritmos diferentes. Así, el ajuste del salario mínimo y de las prestaciones sociales mínimas es una medida que puede y debe ser tomada inmediatamente. Pero no es suficiente por sí sola y debe combinarse con el establecimiento de un modo no mercantil de satisfacer las necesidades sociales. Tomemos el ejemplo de la vivienda: el incremento de los alquileres es una causa importante de la degradación del nivel de vida. Incluso un patrón, Patrick Pelata, ex director general de Renault, puede, a su manera, entenderlo: “Entre los años 2000 a 2010, el precio de los alquileres ha subido un 80%. En Alemania el 5%. Los alquileres han hecho subir los costes laborales en Francia y han contribuido a la disminución de la competitividad del país” (Patrick Pélata, “Coût du travail: pour un new deal fiscal et social?”, Metis, 9 febrero 2012). En estas condiciones, ¿deberían ajustarse los salarios a los precios de los alquileres o limitar los alquileres y llevar a cabo un programa de construcción de viviendas? Es evidente que debemos pasar de una lógica inmediata de preservación del poder adquisitivo a una lógica de oferta de vivienda a precios razonables, sabiendo que esto puede no tener efectos inmediatos. Aquí hay un argumento en contra de los proyectos de renta universal que proponen una distribución de los ingresos monetarios sin tener en cuenta las condiciones materiales de existencia (Michel Husson, “Droit à l’emploi ou revenu universal”, Pour le droit à l’emploi, Les cahiers de l’emancipation, Syllepse, 2011, http://hussonet.free.fr/dempru11.pdf).

Este enfoque programático es el único que puede dibujar una perspectiva de transformación social, ofreciendo una respuesta coherente y adaptada a la nueva etapa abierta por la crisis. La voluntad social-liberal de adaptarse a las reglas actuales del juego es suicida y sólo puede conducir a nuevos sacrificios, después de los de Zapatero y Papandreu. La postura de la escalada revolucionaria es estéril, ya que carece de pensamiento estratégico que muestre cómo invertir las relaciones de poder y la ideología política que pesan sobre las perspectivas de movilización social. El camino es estrecho, pero la responsabilidad de la izquierda es enorme, frente a la violencia capitalista que la crisis ha desatado.